“La palabra fraude tiene que borrarse del diccionario electoral en el Perú” lo afirmó Piero Corvetto actual Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el pasado 9 de abril (a dos días de la primera vuelta electoral 2021). En el otro extremo, dos días después de la segunda vuelta Keiko Fujimori la virtual perdedora de las elecciones denunció en conferencia un fraude en mesa y ayer acompañada de su equipo legal anunció un recurso impugnatorio para anular votos ya contabilizados.

Y es que en la historia electoral del Perú siempre se habló y por supuesto hubo fraudes electorales. Es como una seducción para los perdedores creer que en realidad les robaron la elección. Hay una larga lista o todo un rosario de anécdotas de robos imaginativos y reales, pero las advertencias y denuncias nunca alcanzaron el volumen que acaba de adquirir en la segunda vuelta electoral peruana: 802 mesas de sufragio, nada menos que unos 200 mil votos emitidos.

Más allá de señalar intenciones o hacer interpretaciones que alimenten más la pugna y polarizada realidad nacional, cabe preguntar: ¿SABEMOS REALMENTE LO QUE ES UN FRAUDE ELECTORAL? Empecemos desde el principio.

Cualquiera se equivoca, pero no cualquiera hace fraude

Fraude, según la Real Academia Española de la Lengua es: “engaño, inexactitud consciente, abuso con confianza, que produce o prepara un daño, generalmente material”. En materia electoral que es lo que interesa para el caso de nuestra segunda vuelta electoral, el fraude ha sido definido a nivel internacional (Naciones Unidas, el Commonwealth, la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos -OEA-, entre otros) como la falta de un juego libre y limpio (“free and fair play”); no se trata entonces solo de una alteración de votos, tiene que incluir de manera explícita acciones como la coerción; la intimidación a candidatos; la intervención indebida y parcializada de las autoridades políticas, judiciales, militares o policiales; el uso indebido de fondos públicos y el control de los medios de comunicación. Así es como se señala cada uno de los elementos de la lista elaborada por el destacado y reconocido especialista español Rafael López Pintor hecha para las Naciones Unidas (LÓPEZ, R. Electoral Management Bodies as Institutions of Governance, UNDP, 1999, pp. 78 y ss.) que, por cierto, seguramente no conoció el Perú, pero muy bien abarcó todas las situaciones de nuestra realidad electoral peruana.

En esa misma línea, otros organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Elecciones Canadá, El Instituto Federal Electoral de México, IDEA Suecia e IFES de los Estados Unidos, publicaron en el 2001 una Guía para la observación electoral que en el tema del fraude dice (pág. 80):

“… la diferencia entre irregularidad y fraude es la intencionalidad y la manera como afectan o no los resultados electorales. Las irregularidades suelen originarse por problemas de organización, técnicos, o de desconocimiento por parte de algunos funcionarios electorales acerca de los procedimientos correctos que se deben seguir”.

“El fraude se refiere a los aspectos premeditados cuya intención clara es la de alterar los resultados a favor de un determinado partido”.

“No hay ningún parámetro universal que determine cuántas irregularidades pueden conformar un fraude, ni cuántas son las acciones fraudulentas que descalifican una elección; sin embargo, antes de tomar cualquier decisión para calificar o descalificar las elecciones observadas, es muy importante tomar en cuenta el ambiente en el que se desarrollaron y los aspectos específicos que se suscitaron”.

De puntuales a grandes fraudes

Con todo lo visto en nuestra historia electoral peruana, el tema del fraude puede ser visto de manera similar como cuando se trata de comprender la violencia: diferentes estudiosos sobre el tema (p. ej. El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -CVR- 2002, trabajos de la Asociación Peruana de Estudios para la Paz -APEP- 2001) señalan que así como hay una violencia eventual, específica o individual, también hay una violencia “estructural”, es decir, un conjunto de estructuras que causan violencia. Desde ese punto de vista aplicado al fraude electoral, no solo existen fraudes puntuales, que se trata de la alteración (siempre premeditada) de los votos emitidos el día de las elecciones, sino que pueden existir estructuras que causan condiciones fraudulentas, entre ellas se puede mencionar:

Una legislación parcializada y/o la inexistencia de estabilidad jurídica en materia electoral.

1. Un padrón electoral no suficientemente fiscalizado.

2. Intervención indebida de autoridades políticas y militares.

3. Uso indebido de fondos públicos para la campaña.

4. Control directo o indirecto de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, pero también de las radioemisoras, empresas encuestadoras, o en sus formas más groseras como son la difusión en redes sociales de noticias falsas.

5. Acoso policial, judicial, delincuencial o mediático ataques virales como se suele llamar “trolles”.

Por lo tanto, cualquiera de los elementos señalados (a pesar de que no es una enumeración exhaustiva, pero vaya que para el caso peruano encajan varios de ellos) constituirá, a ojos de observador imparcial, ejemplos fraudulentos. Lo cierto es que con el fraude sucede lo mismo que con la libertad de expresión. Así como no hay un país en el mundo en que se pueda decir que exista un 100% de libertad de expresión, tampoco hay uno cuyas elecciones sean 100% puras. La cuestión consiste, entonces, en estimar si las garantías son suficientes para salvaguardar unas elecciones transparentes y justas, pero también, para que cualquier caso de indicio de fraude no solo sea denunciado, sino también deliberado y descartado si es que la parte derrotada lo hace como recurso de mal perdedor.

En el Perú a partir del Bicentenario no solo hay que eliminar la posibilidad de fraude, sino también el atribuir fraudulentamente el fraude al contrincante.

Artículo extraído de:

PARA UNA TEORÍA DEL FRAUDE ELECTORAL, Rafael Roncagliolo, 2001.