“La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos” lo dijo el poeta griego Arturo Graf y una vez más quedó demostrado con el alcalde de Lima Jorge Muñoz cuando ayer miércoles 10 de marzo, en reunión de Consejo Metropolitano se aprobó el cambio de Zonificación del distrito de Lurín o RIZ (Reajuste Integral de Zonificación del valle bajo y del distrito de Lurín) contraviniendo opiniones técnicas desfavorables del Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Cultura (MINCUL), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la sociedad civil como el Colegio de Arquitectos del Perú, la universidad y diversos colectivos ciudadanos.

En la campaña electoral del 2018, Jorge Muñoz firmó el pacto “Salvemos las Lomas” iniciativa de la ONG Centro Urbes con lo cual no solo se comprometió en los 4 años de su mandato a proteger los ecosistemas de lomas costeros de la ciudad capital, sino también a realizar un gobierno municipal basado en la gestión social, ambiental integral y participativa. Un poco más de dos años pasaron para que su gestión rompa su compromiso.

Reajuste mortal al valle de Lurín

La aprobación del Reajuste Integral de Zonificación (RIZ) del valle de Lurín consiste en el cambio de zonificación de cerca de 1,000 hectáreas para industria y comercio de gran magnitud e impacto ambiental en el distrito sureño de Lima que se autodenomina “ecológico” y donde se encuentra la parte baja del Valle de Lurín, el “último valle verde de Lima”. Se trata de un cambio de 180° a tres zonas de importancia ecológica, hídrica, paisajística y cultural del distrito como son: 18 km de litoral de playa que se convertirán en comercial y residencial; la zona agrícola que pasará a ser industrial, la zona conocida como “huerto de Lurín” que será urbanizada y para actividades comerciales altamente densificadas, y rematando el reajuste con una extensa zona de gran industria.

“En la zona agrícola solo se siembra gras”, “la prioridad es el ser humano y lo económico”, “hay proyectos de urbanización para unas 600 mil familias”, “el distrito requiere agua y desagüe”, fueron algunas de las justificaciones por las cuales la modificación de la zonificación de Lurín fue aprobada por un voto en mayoría de 22 regidores de Acción Popular, partido de Muñoz, seguido por los regidores de Podemos Perú (partido por el cual postula a la Presidencia de la República, Daniel Urresti), segunda fuerza en la alcaldía de Lima, y otros regidores.

Razones al no cambio de uso

Como ya se mencionó, las observaciones y argumentos de los ministerios del Ambiente, de Cultura, de la Autoridad Nacional del Agua, entre otros, no sirvieron no ser “vinculantes”, es decir, por ley la Municipalidad de Lima no está obligada a tomarlos en cuenta, mucho menos cuestionamientos de instituciones técnicas como el Colegio de Arquitectos del Perú y colectivos de la sociedad civil, peor aún si esta decisión se tomó sin una real y efectiva socialización con los vecinos de Lurín, ni con los limeños en general. La poca o nula transparencia otra vez es la forma de hacer ciudad.

Los argumentos en contra de este cambio se sustentan, principalmente, en la afectación del carácter ecosistémico del que sería el último valle de Lima y con la aprobación del RIZ prácticamente se sentencia su desaparición. La propuesta no contempla el cuidado correspondiente a ecosistemas frágiles como las lomas costeras y ni siquiera menciona el humedal San Pedro de Lurín (Quilcay). Incluso, el distrito de Pachacámac ha decidido interponer una denuncia al constatar que se pretende hacer cambios en una zona que se encuentra en disputa con Lurín.

Entonces, ¿cómo una propuesta tan técnicamente débil pudo ser aprobada? Y, sobre todo, si los ciudadanos tenemos el derecho a opinar sobre estos trascendentales cambios para el desarrollo sustentable de Lima, ¿por qué no se hizo la consulta oportuna y debida? Si bien la decisión política fue de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la competencia del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) como el actor clave para los cambios de zonificación en la capital debió ser clave. Lamentablemente, este organismo municipal funciona más como una mesa de partes que como el ente rector del futuro de la ciudad. Y esto tiene relación directa con la ausencia, todavía, de un plan urbano (el PLANMET 2040) que guíe el futuro de Lima y cualquier modificación como el RIZ en el distrito de Lurín tendría que darse dentro de ello.

¿Queda algo por hacer?

Mientras algún día contemos con un IMP fortalecido para que sea el órgano rector que determine los usos del territorio, el camino tiene que ir por el pronunciamiento de las autoridades como el MINAM, MINCUL, la ANA, instituciones como el Colegio de Arquitectos del Perú, la universidad, los colectivos de la sociedad civil para que la Municipalidad Metropolitana de Lima decida dar marcha atrás a lo aprobado y que los reajustes integrales de zonificación urbana no solo en el caso de Lurín, sino de los demás distritos y los cambios de zonificación se resuelvan en el contexto del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima 2021-2040, que el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), viene formulando con la supervisión y financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si no hay enmienda, se estará sentando un pésimo precedente para nuevas decisiones metropolitanas que pongan en riesgo la sostenibilidad y desarrollo sustentable de Lima. La Defensoría del Pueblo ya se manifestó al respecto, solicitando a los regidores la reconsideración de la aprobación del RIZ.

Si el retorno y recuperación de la naturaleza en la pandemia fue solo temporal y excepcional, y la Municipalidad de Lima no fue capaz de aprender la lección, no quedará otro camino que el de la protesta y rebeldía ciudadana para que, así como en la pandemia aprendimos ante la escasez de oxígeno para valorarlo, no esperemos a destruir la naturaleza para que nos falte el aire para respirar, el agua para beber y la tierra para vivir. Los ciudadanos de Lima de hoy y del mañana merecemos otra ciudad, una mejor ciudad.